El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, David Orlando Marín, aseguró que el dictamen de la Ley de Educación Superior prácticamente se encuentra listo y que ojalá sea aprobado por los diputados al Congreso nacional al volver del receso, después de las elecciones. (El Heraldo, 12/10/13)
Un estudio realizado por la organización "Estado de la Región", revela que la educación de Honduras sigue siendo una de las más débiles el istmo. Según este estudio, de la totalidad de alumnos que egresan del sexto grado cada año (190,000), ingresa a secundaria solo un 55% (85,500 niños abandonan); de ese 55%, solo el 28 por ciento logra llegar a primer curso diversificado o carrera (75,240 jóvenes quedan fuera de la educación) y sólo un promedio de 8,000 llega a la universidad.
Esa es la razón fundamental por la cual el Estado debe encargarse de la educación, para garantizar el acceso de toda la juventud al conocimiento y tener la oportunidad de superarse mediante una educación pública gratuita, laica y de calidad. En el caso de las universidades públicas, mediante la autonomía y la participación democrática de toda la comunidad universitaria, se busca que la investigación y la docencia estén al servicio de la transformación social del sin injerencia de los intereses particulares de los gobiernos y partidos de turno.
Sin embargo, el gobierno Lobo-Hernández mediante la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos y el proyecto de Ley de Educación Superior están convirtiendo la educación en una mercancía al servicio del capital y para quien pueda pagarla.
Una ley para el sector empresarial
En el caso de la nueva LES, el concepto de EXTENSIÓN universitaria se convierte en VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CON EL SECTOR EMPRESARIAL, y el concepto de AUTONOMÍA se aplica a aspectos administrativos, financieros y académicos, dejando de lado la AUTONOMÍA POLÍTICA DEL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. Se convierte en obligatorio el examen de admisión y no se garantiza la participación estudiantil igualitaria, autónoma e independiente en los asuntos universitarios.
¿En qué nos afectan estos cambios?
Al abandonarse el concepto de autonomía política de la comunidad universitaria democráticamente organizada, garantizada sobre todo con la participación estudiantil en los organismos de gobierno, las universidades se convierten en instrumentos de las políticas de los gobiernos de turno.
Un claro ejemplo lo tenemos con la Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos, impuesta por el gobierno para reducir los gastos en educación y rechazada por el magisterio nacional y por los estudiantes. Las autoridades de la UPNFM se plegaron totalmente a esta Ley dejando de lado las necesidades reales de la población, llegando al extremo de querer cerrar carreras y restringir matrículas sin importarle dejar sin futuro a sus propios estudiantes que también son docentes.
La vinculación al sector empresarial crea una dependencia económica de las universidades regulada mediante contratos, convenios y otros mecanismos
Quien paga la educación superior
Según la Ley se mantiene el financiamiento estatal (art. 79): UNAH 6%; UPNFM 1.6%; UNA 0.85%; ESNACIFOR 0.03%; Instituto Superior de Educación Policial 0.65%; Universidad de Defensa de Honduras 0.65%.
Pero como estos fondos son insuficientes, en vez de aumentar el presupuesto de educación se crean mecanismos que transfieren esta responsabilidad a otros actores interesados. Estos son:
Acceso a FONDOS ESTATALES, nacionales (instituciones del sector públicos, organismos descentralizados y municipalidades) o internacionales (cooperación internacional), siempre y cuando estén enmarcados en la Visión de País y el Plan de Nación (es decir a la política de un gobierno determinado) (art. 78).
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO (art. 81). Las universidades públicas podrán endeudarse. Los acreedores pondrán las condiciones y los estudiantes deberán pagar a través de los planes de arbitrio y venta de servicios educativos.
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS (art. 56). Mediante convenios, contratos, cartas de intención o cualquier otra modalidad legal con el sector empresarial. Se generalizará el cobro de asignaturas bajo el concepto de servicios, tal como ocurre actualmente con los módulos de inglés, computación y otros que están siendo cobrados en la UPNFM.
PLANES DE ARBITRIO (art. 17). Deberán cubrir los endeudamientos con la empresa privada o los organismos de cooperación y generalizarán el cobro de servicios.
Por si fuera poco, las universidades públicas subsidiarán a las privadas mediante diferentes mecanismos, y deberán pagar una BUROCRACIA organizada en:
Consejo de educación superior; Consejo de rectores de las IES públicas y privadas; Dirección de Educación Superior; Sistema hondureño de acreditación de la educación superior; Comisión nacional de acreditación: Dirección ejecutiva, Comité Técnico, Comité especializado, Pares académicos.