Violencia perpetuada

Dentro del ambiente general de violencia que prevalece en nuestro país, el tema de la mujer es de resaltar dada la recurrencia, la impunidad y la colaboración del Estado, al que muy poco le interesa la situación de las mujeres.

La violencia en Honduras ha alcanzado niveles escalofriantes que en más de una ocasión han colocado a las dos principales ciudades del país dentro de las más peligrosas del mundo.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Observatorio de la Violencia de la UNAH (OV-UNAH), para el año 2011 se estimaba un promedio de 86.5 muertes por cada 100,000 habitantes.

El 2 de febrero de 2015 se firmó un convenio entre el OV-UNAH y el gobierno; a partir de ese momento se ha visto una disminución progresiva y de mayor pendiente en las cifras de muertes en el país.

Poniendo en contexto esta nueva situación de números, estadísticas y disfraces, para el presente año, de acuerdo a las cifras que se van registrando se proyecta un cierre con 50.5 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que significaría una reducción de 41.62% de los asesinatos en el país. Estas cifras son contradichas por Casa Alianza, de acuerdo a lo expresado por el ERIC, ya que en las mismas sólo se están tomando en cuenta los asesinatos identificados por el nuevo protocolo de la policía, es decir si cumple tal o cual condición es estadístico, de lo contrario no se registra.

De esta forma se ha logrado que las estadísticas de asesinatos en el país se reduzcan, apoyado de una u otra forma en los medios de comunicación de mayor difusión. La realidad es que la violencia está igual o peor.

La Mujer, violencia, acoso, trabajo y universidad.

Para el caso de la mujer, el panorama es más alarmante. Por un lado, es víctima de la violencia generalizada del país y por otro las condiciones de desigualdad impuestas por el sistema la colocan en una situación de mayor vulnerabilidad.

En Honduras el 27% de las mujeres informan haber sufrido violencia física en algún momento de sus vidas, según el informe presentado por Organizaciones Feministas de Honduras a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la Mujer sus causas y consecuencias en junio de 2014.

Diario Tiempo señalaba el 4 de noviembre de 2016, que a esa fecha el Sistema Nacional de Emergencia, a través de su línea 911, había recibido 3,233 denuncias de violencia doméstica.

De acuerdo a lo expresado por el periódico La Prensa, según datos del OV-UNAH, 1,375 mujeres fueron evaluadas por violencia sexual en los primeros 6 meses de 2016.

Como vemos, la mujer se encuentra expuesta a la violencia generalizada, pero particularmente se encuentra ante otros tipos de violencia que el hombre no sufre. Todo esto es bien conocido por las autoridades y el gobierno, sin embargo, la mayor parte de casos quedan en la impunidad en este débil sistema judicial.

La violencia sexual es un peligro que persigue a las mujeres desde la casa, lugar que se supone debería ser el más seguro para cualquier persona, hasta las iglesias y centros de estudio, pasando por los trabajos, la calle, etc.

De acuerdo al OV-UNAH en los primeros tres meses de 2017 se evaluaron 660 mujeres por delitos sexuales. Las mujeres entre 10 y 19 años fueron las más agredidas. No obstante, se registra que en general las mujeres entre los 15 y 39 años tienen la mayor vulnerabilidad en agresiones.

Esto nos muestra los hostil que se vuelven los ambientes para la mujer, más aún tomando en cuenta todos los casos que no son denunciados generalmente por condiciones de preocupación a la reacción social, amedrentamiento o amenazas. Por otra parte, los casos que los tecnicismos legales dejan por fuera de la estadística.

El acoso sexual, que puede ser entendido en su forma más general como: “que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una persona cuando quien lo realiza abusa de su posición de superioridad sobre quien los sufre” (Definición RAE).

Esta definición que puede ser reducida, no obstante, nos proporciona elementos para dos líneas de análisis.

Por un lado, la mujer es constantemente acosada, ya que las condiciones de género dictadas por la sociedad han colocado a la misma en una situación de inferioridad, en la cual se vuelve más vulnerable, todo esto apoyado en un ambiente de impunidad judicial y mordazas de carácter moral, religioso, económico, etc. puestas por la sociedad machista patriarcal.

Por otra parte, tenemos el aprovechamiento de los espacios de superioridad establecidos por jerarquías laborales, educativo institucionales, etc.

En el sector laboral es sobradamente sabido a vox populi el acoso que sufren las mujeres constantemente, llegando en ocasiones a actos de mayor agravio hacia la mujer. Para muestra un ejemplo: recorren por doquier los rumores sobre el acoso que sufren las docentes que quieren obtener un empleo en el sector educativo público: pero todo continúa en impunidad.

Adentrándonos en las instituciones educativas, las universidades son otro lugar donde las mujeres suelen ser constantemente acosadas, que si bien existen casos de acoso de “iguales” (estudiante-estudiante), la mayor parte se da por parte de docentes que aprovechan su condición de superioridad. Este se puede dar desde diferentes líneas de acción como ser: chantaje para aprobar clases, puntos extra, o amenaza de no aprobación de ninguna clase con el acosador.

Generalmente se basan en el argumento de que “las estudiantes tienen la capacidad de decisión y madurez”, como falsa excusa, aprovechándose, como ya lo habíamos mencionado, de la superioridad de la estructura académica.

La UPNFM es un lugar donde los secretos a voces de los pasillos hablan de este tipo de situaciones; sin embargo, también es sabido que no cuenta con un órgano real que pueda dar una atención a este tipo de situaciones, de forma imparcial, dado que cualquier denuncia realizada a las autoridades de la misma universidad, siempre han procurado mantener todo en el anonimato, en ningún momento por protección a la víctima, sino por preocupación de prestigio y renombre, “los trapos sucios se lavan en la casa”.

Independientemente si el canal de denuncia fuese DISE o autoridades universitarias no existe confianza de parte de las estudiantes objeto de acoso para hacerlo; por una parte, porque, como lo mencionábamos, no existen órganos que puedan atender la problemática; y por otro lado el temor a la prevalencia de la camaradería entre las autoridades universitarias y los acosadores. Asimismo, desconocemos casos de denuncia que hayan sido impulsados desde las directivas estudiantiles, como una instancia mínima de solidaridad.

Ante este estado de indefensión, es de suma urgencia que las mujeres se continúen organizando para romper el silencio.

Desde la Juventud Socialista y Las Rojas, denunciamos la situación de indefensión estudiantil e incitamos a organizarnos y exigir un alto al acoso y violencia contra la mujer, la instauración de entes garantes de nuestros derechos (como el Comisionado de Derechos Humanos en la UNAH), y la defensa permanente de nuestros derechos a partir de la organización democrática estudiantil independiente, vinculada a los sectores populares y de mujeres.