730 días de impunidad, pero jamás nos callarán

En el marco del segundo aniversario de la pérdida de una incansable luchadora, ambientalista, feminista, antiimperialista; es decir una mujer con una visión política amplia y completa de la realidad, que fue fiel a sus principios democráticos y convicciones de lucha hasta el día que las balas del capitalismo la apartaron de nuestras trincheras.

Desde un par de décadas atrás Berta Cáceres ya era parte de las luchas populares del pueblo hondureño. En 1993 era cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, del cual fue su coordinadora por mucho tiempo. Desde ese espacio se libraron múltiples luchas en defensa de los derechos del pueblo Lenca y sus recursos, así también se incorporó a la lucha por muchas reivindicaciones generales del país y otras de solidaridad con organizaciones fraternas del movimiento popular hondureño.

En 2009 fue parte fundamental de la Candidatura Independiente gestada desde la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), la cual respondía a intereses clasistas y populares, impulsada por los propios explotados de forma independiente y democrática, por decirlo de alguna manera: sin patrones.

El Golpe de Estado de junio de 2009 cambió el panorama del país, lo que llevó a deponer la Candidatura Independiente e impulsar la movilización permanente para derribar el gobierno golpista de Micheletti.

Producto de la cruenta represión de parte del gobierno hacia los dirigentes populares, Berta Cáceres recibió medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009.

El mismo año del Golpe de Estado, la empresa DESA obtuvo la concesión para la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca con un capital de US$1,200.00. Ya en 2011 la familia Atala Zablah inyectaron millones de dólares pasando a formar parte de la Junta Directiva.

En la medida que la construcción del proyecto se iba materializando con Grupo Ficohsa y la multinacional Synohidro a la cabeza, la lucha del COPINH liderado por Berta Cáceres se iba intensificando, a la vez que el Golpe de Estado se iba consolidando y superando poco a poco la etapa crítica de 2009.

Con la consolidación del régimen golpista y el repliegue de la lucha popular luego del giro electoral, muchos sectores quedaron dispersos realizando sus luchas de forma fragmentada, lo que facilitó la persecución de dirigentes y luchadores, así como la desarticulación de organizaciones y sindicatos en el país.

El 23 de mayo de 2013 Berta Cáceres junto a otros dirigentes del COPINH fueron detenidos en Santa Bárbara de forma arbitraria bajo cargos de “portación ilegal de armas”, de los cuales recibieron un sobreseimiento temporal el 13 de junio del mismo año. Ya en febrero de 2014, acompañada de la movilización del COPINH y otras organizaciones populares consiguieron el sobreseimiento definitivo.

En septiembre de 2014 en pleno auge de la lucha contra la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca, Berta enfrentó otro proceso judicial a partir de una denuncia de la empresa DESA, acusando de usurpación de tierras, coacción y daños por más de tres millones de dólares. En enero de este mismo año Berta Cáceres fue detenida de forma arbitraria por la DGIC, la cual alegaba “desconocimiento del sobreseimiento que tenía Berta por la acusación de “portación ilegal de armas”.

Todo esto demuestra el proceso de represión, persecución e intimidación del que estaba siendo objeto tanto Berta como los miembros del COPINH. Simultáneamente varios compañeros del COPINH fueron asesinados, como el camarada Tomas García quien en 2013 murió producto de la represión militar en una protesta pacífica.

Posterior al asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016, de parte del gobierno se intentaron generar diversas teorías absurdas respecto al hecho.

Hasta la fecha se han capturado 8 personas que se relacionan con el asesinato de Berta, entre ellos Sergio Rodríguez gerente de asuntos comunitarios y medioambientales y Douglas Bustillo teniente retirado del ejército y director de seguridad de la empresa DESA hasta mediados de 2015.

En el caso de Berta Cáceres se han dado pausas, vueltas y esperas incomprensibles, y hoy a 730 días del asesinato de la camarada no hay un tan solo responsable intelectual preso, pese a que se ha señalado en informes como el del grupo de abogados internacionales (GAIPE) que señalan la existencia de muchas pruebas que vinculan a altos ejecutivos de la empresa DESA con el asesinato de Berta Cáceres.

Después de todo este tiempo se vuelve cada vez más claro el vínculo de altos ejecutivos de la empresa DESA y la complicidad del Estado Hondureño tanto en el proceso de represión como en el desinterés de encontrar los responsables intelectuales.

Berta Cáceres no lucho solo por la naturaleza, los derechos de las etnias, Berta fue parte de las grandes luchas políticas del país desde el movimiento popular hondureño; el movimiento popular tiene una lucha pendiente aún.

Desde la Juventud Socialista, Las Rojas / SoB, exigimos al gobierno y los entes judiciales justicia y cárcel tanto para autores materiales como intelectuales del asesinato de Berta Cáceres; haciendo un llamado a la vez a las organizaciones estudiantiles, étnicas, de mujeres, trabajadores, campesinas, políticas y movimiento popular en general a movilizarnos alrededor de esta exigencia, unificada a las muchas reivindicaciones generales de todos los sectores, comprendiendo que la única forma de derrotar el régimen dictatorial es a través de la movilización impulsada desde la organización democrática e independiente de los explotados de Honduras.

¡La tierra y el río no pudieron llorar tanto como el movimiento popular la pérdida de una luchadora como Berta Cáceres!

¡Berta Cáceres vive, la lucha sigue!

¡Abajo la dictadura de JOH!