La educación es uno de los sectores más descuidados por los gobiernos de las últimas décadas; con ciertos matices y diferencias, pero en general ha sido así. El presupuesto destinado a educación ha ido incrementando ligeramente con el pasar de los años, al menos podemos decir eso de los últimos quince años. Sin embargo, el incremento no corresponde con el crecimiento del PIB nacional. Según la Unicef, comparando el presupuesto de 2007 fue de L16,233.6 millones (7.0% del PIB), y para el año 2016 la cantidad ascendió a L25,349.7 millones (5.2% del PIB). Es decir, visto el monto neto hay un incremento, pero en relación al PIB del país hay un decremento notable. Cada vez se destina menos inversión en educación. Si a esto sumamos temas inflacionarios que todos los años se ha dado, teniendo en las últimas dos décadas su pico más alto y bajo en 11.40% y 2.73% respectivamente, según datos del Banco Mundial, es evidente el descuido intencional hacia la educación pública.
El crecimiento natural de la población también exige más presupuesto, sobre todo tomando en cuenta que la población de nuestro país es muy joven. Solo en la última década la población creció de 8.3 millones en 2010 a 9.7 millones en 2019. La población entre 0 a 19 años para 2019 es de al menos 4,079 millones. Ese crecimiento tampoco ha empujado el incremento del presupuesto, sino todo lo contrario.
Los recortes en educación no son casuales, pues como parte del modelo neoliberal que se viene implementando en América Latina desde hace un par de décadas, los mandatos de los organismos internacionales son reducir el gasto, y en ese paquete entra la educación. Evidentemente un país en miseria tal como la de Honduras, no se puede dar el lujo de implementar a fondo el modelo en el sistema educativo porque esto implicaría que la población debe asumir el total de los costos o quizá la mayoría y esto no es viable por los altísimos niveles de pobreza. Eso significaría que la burguesía no tendría a su disposición mano de obra con capacidades mínimas. Sin embargo, poco a poco se ha ido trasladando responsabilidades económicas a los padres, que van desde contratación de personal de aseo, vigilancia, computación, reparaciones de centros, entre muchos otros.
Honduras es un país que ya venía con niveles de pobreza muy altos y la pandemia los ha agravado. Se estima que la pobreza aumento de 59.3% en 2019 a 70% en 2020, tomando en cuenta que alrededor de 2019 se cambió el criterio para la clasificación de pobreza, con lo que se redujeron las cifras, al menos en la estadística. Pese a ese nuevo criterio vemos un repunte alarmante. Además, la pobreza extrema pasó de un 36.7% en 2019 a 53.4% en 2020.
Bajo estas condiciones, no es de extrañar la situación actual del sistema educativo. Después de más de un año de pandemia y educación virtual, se ha comprobado que los resultados son desastrosos en muchos sentidos. Todos los problemas pudieron ser atendidos por el gobierno, pero de forma premeditada e intencional decidieron no hacerlo.
Para 2019 la población en edad escolar era de 2,687,872, pero los matriculados en el sistema educativo eran 1,185,621, es decir un 44%, según datos del Fosdeh. La deserción para este año fue de 0.5%.
Según datos estimados para 2020 la matrícula rondaba 1.8 millones de alumnos en los diferentes niveles (sin incluir universitario), de lo cual hubo una deserción de al menos 700 mil estudiantes según un estudio de la UPNFM.
La deserción ya se venía dando por temas de inseguridad, problemas familiares, económicos, migración, entre otros. Y es que en los últimos años la educación ha dejado de ser una salida para mejorar las condiciones de vida, pues luego de los estudios la juventud se enfrenta al desempleo, subempleo y trabajos con malas condiciones laborales y de remuneración.
En los últimos años la salida de la juventud se ha vuelto la migración, solo en 2019 800,000 hondureños emigraron hacia Estados Unidos. Esta migración es clave para Honduras, ya que las remesas de 2020 rondan los cuatro mil millones de dólares (aproximadamente una quinta parte del PIB), con lo que nos hemos vuelto exportadores de mano de obra ilegal.
Sumado a lo anterior, la pandemia y los huracanes agravaron las dificultades que ya sorteaban los estudiantes, padres de familia y docentes y crearon nuevas como el problema de la conectividad. Ante esto el gobierno ha sido completamente incapaz de asumir el rol que debería, dotando de internet a la población estudiantil y docentes, así como plataformas y dispositivos móviles acordes a las exigencias tecnológicas y pedagógicas. Y aunque el gobierno aprobó el decreto 60-2020 para dar acceso gratuito a internet a docentes y estudiantes, nunca se concretizó. Sobre los dispositivos, se realizaron algunas entregas focalizadas y mediáticas que no cubrían ni una mínima cantidad aceptable de estudiantes; incluso un diario nacional publicó a finales de marzo que el gobierno a esa fecha solo había comprado la ínfima cantidad de 3,147 tablets. Si nos enfocamos en las plataformas utilizadas para cubrir apenas las deficiencias de conectividad, estás únicamente vienen a ser adaptaciones improvisadas en la cual no se ha hecho mayor inversión, solo se adaptó parte de lo que se tenía para cubrir vagamente el proceso educativo, el cual requiere mucho más que la grabación de un video. Además, se prometió entrega de libros que en la mayor parte del país no se han visto por ningún lado.
La metodología no es menos preocupante que el resto de remedios que se han recetado al sistema. Se ha pretendido hacer una adaptación tal cual de la dinámica presencial a las plataformas más populares como zoom y whatsapp así como lineamientos absurdos para el abordaje de contenidos y deserción escolar. Esto solo refleja un total desconocimiento de las autoridades de cómo se desarrolla realmente el proceso de enseñanza aprendizaje. En esta área la responsabilidad recayó en el docente, que, de una u otra manera, de forma individual ha buscado los mecanismos que considera más adecuados para atender a los estudiantes, con toda la pluralidad y desigualdad que esto implica. No obstante, está claro que así no se puede remediar el problema.
Ante el desastre, cada día se suman más sectores a señalar la necesidad de recomponer el rumbo del sistema educativo, pero siempre se sigue haciendo de forma vertical e impuesta como es costumbre de las dictaduras. Aquí también ha habido mucha complicidad de la burocracia corrupta de algunos colegios magisteriales.
Ahora mismo, se discuten temas de pruebas piloto en retorno semipresencial, pero aún no hay claridad sobre la vacunación de los docentes, mucho menos de los alumnos. Y es que a la fecha el país apenas ha vacunado cerca del 5% de la población, lo que demuestra una pésima gestión de parte del Gobierno. Tampoco se ha abordado el tema de docentes de edad avanzada y con comorbilidades. Evidentemente el rumbo educativo se puede recomponer, y para eso hay que hacer una enorme inversión sin escatimar esfuerzos y recursos, no para repararlo, porque la dinámica de la enseñanza aprendizaje no da margen para eso, el desastre hecho no es posible borrarlo, como decir que no puedo dar los estímulos de preparatoria a un alumno que ya llegó al segundo grado, esperando que no haya afectado este intervalo de tiempo su desarrollo motor y cognitivo. Pero si se puede evitar que se sigan viendo afectados todos los estudiantes de esta generación por la desatención y descuido de la clase gobernante, porque al fin de todo, el sistema capitalista lo va a solucionar con desecharlos: en eso ya tiene experiencia probada.
Como en todas las crisis, el pueblo es el que paga las consecuencias, mientras unos pocos siguen saqueando el Estado y dando pésimas e inoportunas respuestas. Ante esta situación, no queda más alternativa que unirnos alrededor de nuestras demandas, primando la organización desde abajo, democrática, sin caudillos, en función de los intereses de las y los estudiantes, de las trabajadoras y los trabajadores, de las y los docentes, del pueblo en general, para recuperar todo lo que nos han quitado, para devolver la esperanza de un futuro en nuestro país, y para eso es necesario echar la dictadura y toda la institucionalidad que destruyó en los últimos diez años. La historia nos ha mostrado en innumerables ocasiones que nuestro poder está en las calles.